*LA INDIGENA ME PHAA FUE VIOLADA POR MILITARES ENEL 2002
Laura Sánchez Granados
El gobierno de Guerrero respeta y cumple en todos sus términos la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la indígena Me Phaa Inés Fernández Ortega tanto en lo que se refiere a ella y su familia, como las obras solicitadas a favor de la comunidad Barranca Tecoani del municipio de Ayutla de los Libres que suman un total de 56 millones de pesos.
Cabe recordar que el Secretario de Gobernación Alejandro Poiré y la Procuradora de la República Marisela Morales en nombre del Estado pidieron disculpas públicas a la indígena guerrerense violada por elementos del Ejército Mexicano en el 2002, ese día Inés denunció que los acosos continuaban por parte de elementos de esa corporación vestidos de civiles y exigió el cumplimiento de los resolutivos.
Para Inés Fernández esta la instrucción gubernamental para que ella y sus familiares tengan acceso a un programa de seguridad social, becas de estudio para sus hijos con la cobertura de los costos que puedan derivarse hasta la conclusión de sus estudios superiores.
Informó el gobierno de Guerrero que como parte de los acuerdos que se tomaron el 20 de marzo pasado en donde estuvieron presentes autoridades del Estado, del gobierno federal y de representantes de organismos internacionales.
Se han desarrollado caravanas de la salud para las comunidades marginadas de Costa Chica, en especial a los que pertenecen a la Organización del Pueblo Indígena Mepaha´a, se concreto la construcción de un centro comunitario de atención a mujeres víctimas de violencia en donde se les de asesoramiento jurídico y atención psicológica, se establecerá un fideicomiso por 11 millones de pesos para esta obra.
Angel Aguirre Rivero gobernador de Guerrero entregó un millón de pesos y una cantidad igual la federación para la compra del terreno en donde quedarán las instalaciones del mencionado centro. Como medida preventiva implemento acciones de formación de servidores públicos del ámbito de la procuración e impartición de justicia, con perspectivas de género y derechos humanos así como programas de empleo temporal.
Finalmente se informó que el gobierno asume su compromiso de construir un estado social de derecho garante del ejercicio de los derechos de todos sus habitantes sin exclusiones, que erradique la violencia sin tardanza.
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