Ricardo Trotti/EL UNIVERSAL


Mientras el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pedía, por primera vez, a los gobiernos que protejan y garanticen la libertad de expresión en internet, un complicado debate sobre el papel de las empresas proveedoras de tecnología y servicios digitales en los países más autoritarios ha cobrado intensidad.

La solicitud del CDHNU tras reconocer la semana pasada que la libertad de expresión digital y el acceso al internet es un derecho humano, coincidió con un inusual pedido de un grupo de ONG estadounidenses, dedicado a denunciar violaciones a los derechos humanos en Cuba, Irán, Siria, Sudán y en otras dictaduras. En una carta dirigida a Google, Adobe, McAfee, Yahoo! y Facebook, el grupo les exhortó a burlar los embargos económicos que imponen EU y la Comunidad Europea a los regímenes opresores, para seguir vendiéndoles software y tecnologías de la información. Si bien los gobiernos represores usan esas tecnologías para censurar contenidos, vigilar y espiar internautas, el grupo considera que se trata de un mal menor si se compara con el hecho de que el internet, las redes sociales y los celulares son las herramientas que disidentes y opositores usan para denunciar abusos, convocar marchas y forzar cambios políticos.

 

El pedido es muy loable, pero a la vez complejo. Muchas de estas corporaciones ya fueron sancionadas por vender software y tecnología o colaborar con gobiernos autoritarios, motivando en abril pasado una orden ejecutiva de Barack Obama que prohíbe “vender, ceder o proveer de cualquier manera bienes, servicios o tecnología… que pudieran poner en riesgo los derechos humanos”.

 

La solicitud de las ONG desnuda otra disyuntiva permanente a la que se enfrentan estas compañías, entre aceptar las reglas de juego que imponen los gobiernos autócratas o no cumplir con sus objetivos de expansión comercial, como por ejemplo Google, que prefirió renunciar al megamercado chino, a tener que prestar su motor de búsqueda para la censura oficial. El dilema pudiera agravarse aun más en el futuro. Se prevé que para 2020, de no establecerse una fuerte cultura ética y reglas estrictas, muchas empresas tecnológicas cederán a la presión de gobiernos totalitarios, debido a la competencia y los beneficios económicos. Así lo creen más de mil ejecutivos de Nokia, Netflix, Microsoft y Google, consultados por el Centro Pew. Esta investigación también planteó dudas razonables sobre el nivel de libertad que habrá en el internet del futuro.

 

Todo podría empeorar, además, si se considera que en un futuro cercano los países democráticos no serían los únicos en poseer la llave de la ciencia y la innovación informática. Globalización y transferencia de tecnología mediante, los países autoritarios pronto podrían prescindir del extranjero. Por ahora, a esos gobiernos les resulta suficiente con controlar mediante adquisición de tecnologías e imposición de leyes restrictivas. Rusia lo demostró esta semana. Diputados oficialistas aprobaron una ley sobre pornografía infantil que la oposición cree será usada para censurar Facebook y Twitter, redes fundamentales para organizar las marchas de protesta contra el fraude electoral que llevó a Putin al poder. Es una treta parecida a la que usó Hugo Chávez, cuando pasó la cláusula de horario de protección al menor, que terminó siendo la clave para ordenar el cierre de medios como Radio Caracas Televisión.

 

Aparte de los intereses de gobiernos y empresas, preocupan otros controles más sutiles y que pasan inadvertidos, que también ponen en riesgo la libertad de expresión. Como los algoritmos personalizados que, utilizando nuestros likes y búsquedas, van creando nuestro perfil sobre la base de gustos y criterios. Con el tiempo, no sólo se pierde privacidad, sino también se consume información complaciente, bloqueándose otros puntos de vista. Se trata de una filtración autoinfligida; quizás, de autocensura involuntaria. Mientras tanto, habrá que ver si la afirmación de la ONU de que el internet es un derecho humano ayudará a que éste no sólo se piense en función de avances tecnológicos y comerciales, sino de su influencia en la libertad y la conducta humanas.

 

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